NARCOPOLÍTICA E IMPUNIDAD

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Por Alberto Woolrich*

 

Todos los abogados penalistas de México, que somos muchos y de las más diversas personalidades, forma de pensar y actuar, tenemos múltiples coincidencias, entre las que destaca que estamos acostumbrados a la más rigurosa disciplina del espíritu y, el que todos nosotros llevamos el verbo ante la justicia; se podría afirmar, sin temor a equívoco alguno que muchos son los amos y señores de la dialéctica judicial, somos los que damos cuerpo y vida a las demandas de los justiciables; de nuestros clientes, del pueblo; nuestra elevada y sagrada misión consiste en coadyuvar en el trabajo de nuestros jueces; somos, porqué no decirlo, “partícipes de la justicia”, todos nosotros nos encontramos preparados, entrenados, adiestrados en buscar y seguir el camino de ella.

 

 

Dado lo expuesto en pasado párrafo, vemos con mucho pesar y pesimismo que ésta Cuarta Transformación de la Nación, se encuentra plagada de múltiples alarmas y zozobras. Por principio de cuentas la impunidad que a la fecha han obtenido diversos políticos protectores del narcotráfico. Las tensiones por ello han sido múltiples, muy notables y notorias, especialmente surgidas por ciertos hechos acontecidos a raíz de la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán. Además, la dureza y frecuencia de las acciones del poder del narcotráfico a fin de allegarse del control de muchas plazas del País, ha creado crispaciones adicionales, proporcionando al fenómeno de la narcopolítica más armas y pretextos para luchar contra la democracia, contra el pueblo, contra nuestras instituciones y contra México.

 

El Señor Comandante de la extinta Policía Judicial Federal, Don Florentino Ventura Gutiérrez, de gratos recuerdos para quien esto escribe, siempre decía: “piensa mal y acertarás”. Se dice y ello no me consta que se ha llegado a un pacto no escrito entre las cúpulas del narcotráfico y el gobierno y que ese pacto fue avalado por algunas importantes personalidades del neoliberalismo que han dado fuerza a la oposición democrática. A cambio de la benevolencia o pasividad de la Fiscalía General de la República.

 

Exista o nó la referida transacción, alianza o pacto, la realidad parece abonar su existencia y efectividad. En el pasado es cierto que se creó una alianza con el poder del narcotráfico y ello si me consta, tan me consta que personalmente presenté una formal denuncia por esos hechos, la cual nunca quiso ser investigada, no obstante que a la misma se sumaron dos honorables jueces de distrito pertenecientes al Poder Judicial Federal. Dada esa denuncia y sin fundamento legal alguno un indigno funcionario de la que fue la Procuraduría General de la República, en los albores del neoliberalismo, mantuvo sustancialmente la impunidad, desgraciando con ello a la justicia de México.

 

Se dijo entonces  —y recuerdo que fue un periodista que lo escribió en el Washington Post—  que el problema de la Procuraduría General de la República, lo era sin lugar a dudas por la circulación de dos ríos debajo de sus oficinas: “uno de dólares y el otro de mierda”.

 

 

Creí entonces y lo creo ahora con mayor convicción que nunca, que fue la actitud claudicante y sumisa de muchos lo que dio alimento y propició el crecimiento del fenómeno de la narcopolítica, convirtiéndolo ahora en una bestia al acecho de México.

 

 

Debe decirse por ser ello de elemental justicia, que no todo en la Fiscalía General de la República está podrido, ya que en éste caso se salvan por su reconocida honestidad, saber y competencia muchos jóvenes y viejos policías y agentes del ministerio  público, que no sólo repudiaron, sino quisieron actuar en contra de tan infamante fenómeno.

 

 

Lo que aquí bien afirmó, no lo sostengo a la ligera. Conozco muy bien el asunto que relato, sé los nombres y cargos de todos aquellos que defendieron a ultranza al delincuente de la narcopolítica al que le brindaron impunidad. Varios de ellos fueron Procuradores Generales de la República, en la época de esos dos ríos, quienes fueron los que desviaron a la justicia de su cauce y prefirieron nadar en los ríos de los que bien habló el periodista del Washintong Post, logrando como ya lo he afirmado, una impunidad y un rompimiento del Estado de Derecho que aún perdura.

 

Sólo queda que después de la denuncia correspondiente, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, actúe con la firmeza que le compete para que éste crimen jurídico, tan grave como el que más, no quede sin el castigo que México exige.

 

 

Se escribió que los penalistas llevamos el verbo ante la justicia; ahora estamos entre columnas y no en sueño. México ha despertado a los abogados penalistas, estamos en pie de lucha, aunque las autoridades estén dormidas o corrompidas.

 

 

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.*

Presidente de la Academia de Derecho

Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..