OBLIGADOS A ASUMIR SU DEFENSA

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Por: Alberto Woolrich*

 

Hace ya algunos años que debido a una fortuna personal conozco a un talento de la Abogacía llamado Don Alfonso Jiménez O’farril, no sólo por ser un entusiasta y gran conocedor del derecho penal, sino también por ser un docto del constitucionalismo mexicano, guía y mentor de múltiples jóvenes y maduros abogados y por que no decirlo, por ser hijo del más prominente, viril y honesto Juez de Distrito de la historia jurídica nacional, quien en su momento y en vida fuera homenajeado y designado por el Sr. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como el mejor Juez Federal de la República, designación efectuada debido a su gran valentía y talento.

 

Aquí y precisamente en éste instante hay que recordar que el togado de referencia, en un acto de notoria dignidad para la justicia, le arrojó e increpó a quién fungiera como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su identificación como juzgador expresando: “La justicia no obedece las leyes de la política y no se somete a las ordenes de gobierno”. Por tanto Alfonso, por cuyas venas corren torrentes de sangre de virilidad, honorabilidad y justeza, resulta heredero legítimo de una enorme tradición jurídica.

 

En éstas líneas, sólo deseo destacar su esplendida faceta como jurista y defensor de nuestra Constitución Política, consolidada en la actualidad por las enseñanzas encaminadas a la imperiosa necesidad de proteger con integridad y eficacia a dicho Pacto Federal, carestía la cuál fundamenta, según su leal saber y entender, en la penosa realidad jurídico-política en la cual vivimos y percibimos dada ésta Cuarta Transformación de la Nación. Él ilustra expresando “que el derecho regula la vida social y debido a los cambios socio-políticos se requiere que nuestra Carta Magna exponga aristas de vigencia y efectividad”.

 

Sostiene con su acertado criterio jurídico que “La evolución y proyección de México depende del irrestricto respeto que bien merece nuestra Carta Fundamental, mismo que debe ser espontáneo y natural”; pero a su vez lamenta, como lamentamos todos, que el ejecutivo juró observar, guardar y respetar la Norma Suprema y en lugar de ello la desconoce, la evita, la desprecia, arrojando como consecuencia un desequilibrio en los poderes públicos y violentando con ello los derechos humanos de los mexicanos. Así, resulta imprescindible y obligado que como abogados hagamos valer los medios idóneos para proteger y defender a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En ese sentido afirma y coincidimos todos con él que: “La defensa de la Constitución debe ser ejecutada por la Abogacía Independiente de la República”, los que estamos obligados a hacer valer todo el conjunto de instrumentos procesales destinados a la salvaguarda de su contenido, somos los abogados y no los políticos los obligados a ello.

 

Resulta imprescindible efectuar una férrea defensa de nuestra Carta Magna para los efectos de limitar el poder y lograr que el titular del ejecutivo se someta a nuestra Suprema Ley, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como al respeto de los derechos humanos que merecemos los mexicanos.

 

Los instrumentos a los cuales hace mención tan notable jurisperito resultan ser de varios tipos y normalmente son resueltos por las instancias jurisdiccionales competentes. No siendo óbice para ello que nuestra Suprema Ley también pueda ser defendida por el pueblo y la Abogacía Independiente de la República.

 

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., coincide y aplaude los conceptos expuestos por Don Alfonso Jiménez O’farril, dado que la defensa de la  Constitución debe escindirse en protegerla a fin de limitar el poder y obtener que su titular se someta a ella, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como el respeto a los derechos humanos que merecemos todos los mexicanos.

 

Vaya brega en la que nos ha metido con ello Jiménez O’farril. Más como abogados estamos obligados a ello.

 

¿Qué opina México?.

 

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.*

Presidente de la Academia de Derecho

Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..