Usuarios viven las consecuencias tras el “despojo” de ATUSA: Manuel de la Cruz

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Aguascalientes, Ags.- Ante el fracaso del programa “YOVOY” que implementó el Gobierno del Estado y que ha repercutido en la economía familiar y laboral de gran parte de la población, representantes de la desaparecida –legalmente- ATUSA pidieron dialogar directamente con el gobernador Martín Orozco Sandoval para buscar alternativas viables que permitan a la brevedad tener orden en la prestación de este servicio.

Manuel de la Cruz Ricalde, representante del sector, dijo en exclusiva para FUTURO que reconocen que “no hay marcha atrás” en las decisiones tomadas, mucho menos porque estaría por incorporarse la empresa ADO con miras al proyecto de mejora para el año que entra, y es precisamente en este lapso que se puede aprovechar para realizar los ajustes convenientes dada la experiencia que se tiene, es decir, le ofrecerían a las autoridades esa experiencia, propuestas que aunado a otras inquietudes estarían dispuestos a presentar en un encuentro directo con el gobernador y no con otros funcionarios por los antecedentes ya conocidos.

ATUSA, (Alianza de Transportistas Urbanos Y Suburbanos de Aguascalientes) llegó a operar 569 unidades y luego poco más de 700 con las cinco líneas: Oriente, Petróleos, Madero, Apostolado y Jesús María “Los Brujos”.

Consideró que ahora “el servicio está peor que como estaba antes”, porque “no hay control”, y al pedirle cómo lo calificaría, respondió que “malo”, sin ignorar que “no hay marcha atrás” sobre la posibilidad de que ATUSA pudiera regresar a ofrecer este indispensable servicio.

 

Lamentó que no haya supervisión, como tampoco control como el que se tuvo cuando operaba ATUSA, organización que fue estigmatizada por algunos políticos y el apoyo de diversos medios de comunicación.

Dueños de camiones entrevistador por separado por este medio, quienes indicaron que la voz autorizada era Manuel de la Cruz para hablar de este “delicado tema”, dijeron sin embargo que “salió más caro el caldo que las albóndigas”, y prueba de ello es que hay unidades que tardan en pasar dos horas o más, que es pésimo a regular el comportamiento de la mayoría de los nuevos choferes, además de que generalmente la tarifa es de 10 pesos y no de 9.50 como está autorizada.

Consideran que el Gobernador fue mal informado por funcionarios de Movilidad, de antes y ahora, y prueba de ello es la forma en que se procedió para quitar arbitrariamente las concesiones, sin dialogo previo ni mucho menos apegados a Derecho.

Sobre el particular, De la Cruz Ricalde lamentó que a causa de ello haya entre 20 y 25 demandas en Conciliación y Arbitraje porque no se tuvo para pagarles sus liquidaciones después de tantos años de laborar, y es hora que con sus familias sufren las consecuencias. Precisó que algunos de ellos estaban trabajando desde que en 1991 se constituyó la empresa.

Mención aparte merece el impedimento para la creación de una empresa que sería constituida con 67 dueños de camiones, y que se echó para atrás por una supuesta firma, a saber, quien sería el Secretario General se le negó la validez de una carta poder que le otorgó su propia madre, señalándose que “para esos casos” no era válida pesar de estar notariada.

Pero lo más triste y preocupante es que “no nos dieron alternativas” ni tampoco las autoridades se prestaron a dialogar por malos entendidos.

Ahora, no pocos de los ex-concesionarios se encuentran en stand by, precisamente porque fueron “despojados” de su concesión que significaba la sobrevivencia familiar. Muchos de ellos pasaron de concesionarios a  accionistas, pero persiste un desorden y es el usuario el que paga las consecuencias que son, finalmente, quienes tienen la última palabra.