La “consulta popular”, un absurdo constitucional: Alberto Woolrich Ortiz

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CDMX.-Si queremos que México no tenga que seguir cargando con una justicia insoportable, es de la máxima importancia aplicar y respetar de manera irrestricta nuestra Carta Constitucional por sobre aquellos intereses de la política y la total y absoluta falta de escrúpulos con que ciertos gobernantes defienden esos intereses, declaró a FUTURO el abogado Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Agregó que “la justicia debe sólo de aplicar las leyes que constituyen derecho”, además de que la “la ley jamás debe de ser lo que interesa al poder”.

Puso en claro que “el derecho no puede y jamás debe ser así. Nuestras normas se encuentran desde siempre integradas por todos aquellos principios y preceptos que forman y han formado parte irrenunciable de nuestro inmenso acervo jurídico”.

Hay que recordar, agregó, que todos los juristas saben que esos preceptos y esos principios son indisolubles, indisociables,  permanentes y coincidentes  con los derechos de libertad, igualdad y seguridad jurídica, insertos en el Pacto Federal porque con ello se sostiene la dignidad de México.

Puso en claro que nuestra Carta Magna es el fundamento del orden político-jurídico y de la paz social.

Detalló que las leyes que desconozcan lo antepuesto no son Derecho, “como tampoco es derecho aquellas órdenes emanadas del Ejecutivo y asumidas y cumplidas por jueces de conveniencia”.

Woolrich Ortiz refirió que nuestras leyes deben de continuar sometidas a las exigencias del Derecho, a las ordenanzas de la Carta de Carranza, porque “sólo así serán justas y sólo a esas leyes deben de estar sometidos nuestros jueces, nuestros tribunales, nuestros recintos de justicia. Es ésta la única interpretación democrática de la expresión, sometidas exclusivamente al imperio de la ley”.

Hoy absurdamente en México se está retornando a un sistema de control constitucional por órgano político, por designio del ejecutivo, dentro de ello podemos catalogar a la famosa “consulta popular”, aseveró.

Denunció que, desde Palacio Nacional, “las autoridades responsables de las violaciones, sin procedimiento adecuado, debidamente motivado o fundado, sin contienda, es decir, sin que se entable una controversia, como bien ordena nuestra Constitución, entre un órgano de justicia y la autoridad contraventora de nuestro Pacto Federal, el poder contraventor  ordena su cumplimiento, con sometimiento de los otros poderes”.

“México sufre y padece la consecuencia de que ya impera un sistema de control constitucional por órgano político, el cuál provoca una serie de pugnas y conflictos entre los mexicanos, dando génesis al quebrantamiento del orden legal”.