HAGAMOS HISTORIA ELECTORAL

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  Por: Alberto Woolrich*

 

 

Las dos más ilustres legislaturas de antaño XXIV y XXI, las cuáles vivieron épocas de turbulencia política y fueron definitorias en la historia de México, se dieron en el marco de un triste golpe de estado,  en ellas intervinieron, respectivamente el General Félix Díaz, quien fuera sobrino de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Los dos traidores de marras acordaron en su momento efectuar sendas traiciones para México. A fin de cumplir su nefasto objetivo signaron un pacto que pasó a la historia, mismo que en la actualidad conocemos como el “Pacto de la Ciudadela”.

 

Como bien se sabe, ese irrazonable e insensato convenio, fue signado por ambos traidores a la patria, precisamente el 18 de febrero de 1913, en la referida expresión de voluntades se acordó que todas aquellas fuerzas armadas ilegales y encontradas con el pensamiento de Don Francisco I. Madero, derrocaran el gobierno legítimamente constituido y sólo para provecho de su auri sacra fames, y por supuesto, de la clase social que en aquél entonces les ofertó apoyo incondicional. Cabe recordar que dicha alianza fue signada en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la Embajada de dicha Nación, para ello se contó con la incondicional colaboración del obscuro Embajador Henry Lane Wilson.

 

Primordialmente y ello también vale recordarlo, se instauró:

 

  1. a) El desconocimiento del gobierno de Francisco I. Madero.
  2. b) La presidencia provisional del general Victoriano Huerta antes de 72 horas, con un gabinete integrado por reyistas y felicistas.
  3. c) Félix Díaz no tendría ningún cargo, para así poder contender en las futuras elecciones.
  4. d) La notificación a los gobiernos extranjeros del cese de Francisco I. Madero.
  5. e) El fin de las hostilidades. La historia nacional ello lo conoce como la Decena Trágica.

 

 

En el mismo pacto se dio el compromiso formal de que el chacal Victoriano Huerta gobernaría con un gabinete propuesto, impuesto y designado por Félix Díaz, quien lo autodesignó como candidato a la Presidencia de la República y su correspondiente gabinete se encontraría integrado por Don Francisco León de la Barra, en Relaciones Exteriores, Toribio Esquivel Obregón en los manejos del dinero público, Manuel Mondragón en la Secretaría de Guerra, el oscuro Alberto García Granados en la Secretaría de Gobernación, el antijurista Rodolfo Reyes en Justicia  y Jorge Vera Estañol en Instrucción Pública. El pariente del dictador se presentaría,  como quedó asentado, como pretendiente a la Presidencia de la Nación para el periodo electoral que debía concluir en 1916, eso nos lo enseñó nuestra historia jurídica patria.

Nuestros señores diputados del ayer, en actos políticos que los deshonraron, aceptaron sin ambajes las renuncias de Francisco I. Madero y Pino Suárez, las cuáles fueron firmadas con evidentes coacciones, torturas, violencias y a punta de armas.

 

Ese ignominioso acontecimiento  dio génesis a que los gobernadores de los Estados de Coahuila y Sonora se levantaran en armas. La revolución acaudillada por Venustiano Carranza se proclamó en contra de Huerta y Félix Díaz. Aquí va lo bueno, gracias a la intervención de juristas de verdadera cepa como Chema Lozano, Chepe García Naranjo, Pancho de Olaguibel, el inolvidable Querido Moheno, mismos que se destacaban por sus famosas oratorias, que enriquecían los debates en la tribuna parlamentaria. Gracias a esos discursos, nació el Primer Colegio Electoral, en el que se distinguieron las voces de otros grandes, también abogados, como lo fueron Esteva, Bulnes, Batalla, Gamboa, Luis Cabrera y el genio de la poesía liberal Don Salvador Díaz Mirón.

 

 

A distancia de un  siglo se inició el Colegio Electoral que fungía como arbitro de las elecciones. Hoy ante las reformas sufridas por la ley, se creó el Instituto Nacional Electoral, cuyo más reciente antecedente lo es el Instituto Federal Electoral, por tanto, hace treinta años y medio quedaron formalmente constituidos como los jurídicamente aptos para ser los reguladores de las elecciones.

 

En esta Cuarta Transformación de la República, se ha dado el lamentable caso de que  nuestras instituciones electorales sufran embates antijurídicos desde la propia Presidencia de la República. Como bien resulta sabido por toda la Nación, la practica de las elecciones mediante el correspondiente sufragio es tan vetusta como la propia sociedad, a diferencia de muchas elecciones en el presente, las elecciones en la antigüedad fueron sinceras y limpias, sin embargo, las mismas con posterioridad fueron corrompidas, como sucede en algunos casos en la actualidad y esas corrupción se dio en inicio cuando se crearan grandes desigualdades sociales, cuando las riquezas de algunos corrompieron las costumbres y hubo políticos suficientemente ricos para comprar los sufragios de millones de necesitados, entonces se vendió todo y se llenó de oprobio la democracia.

 

 

Similar situación por desgracia se pretende ahora en nuestro adorado México, toda vez que el poder, encarnado por la autoridad, se ha venido dedicando a tratar de poner en acción practicas desleales, como también aconteció en el neoliberalismo, situación que arrojaría como consecuencia lógica enterrar las pocas opciones políticas con las que contamos los mexicanos.

 

Para los mexicanos sólo nos queda el recuerdo de que se escuchen voces en los recintos electorales que defendieran la verdad del voto espontáneo y verdadero y que descalifiquen el voto comprado, que juristas de talla de los de antaño, si es que los hay, defiendan la voluntad y prosapia de nosotros los mexicanos que sufragamos y deseamos un cambio en cuestiones de política.

 

Ahí, precisamente ahí, en los recintos de impartición de justicia electorales ahora denominada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es donde se deben de defender con todas las luces el sufragio del pueblo.

 

No es de nuestra incumbencia por útil, gritar a futuro que se nos hizo fraude, nos interesa que se nos respete el sufragio, aunque esto se torne cada vez más delicado.

 

Convocamos a nuestras instancias de justicia electorales, que escuchen la voz de los juristas y desde esos recintos de conciencia nacional, se sostenga la Democracia que México merece, que México desea, que México requiere, que México con urgencia necesita.

 

 

Finalmente, deseamos no más ciudadelas y que el espíritu de aquellos como Chema Lozano, Chepe García Naranjo, Pancho de Olaguibel, el inolvidable Querido Moheno, Esteva, Bulnes, Batalla, Gamboa, Luis Cabrera y el genio de la poesía liberal Don Salvador Díaz Mirón, nos guíen a ello.

 

Lic. Alberto Woolrich Ortíz *

 

Presidente de la Academia de Derecho

Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..