LA NARCOPOLÍTICA QUIERE INDULTO

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Por Alberto Woolrich *

Existe y persiste una muy lamentable realidad institucional en éste México de la Cuarta Transformación, en éste México recipiendario de las promesas de Andrés Manuel López Obrador y en su momento las de Vicente Fox, en las que ambos con diferentes sonsonetes prometieron lo que otros también prometieron, atacar, combatir, luchar, exterminar, neutralizar, desaparecer, dar de baja, finiquitar el fenómeno de la corrupción.

Es muy sabido por todos en ésta Nación que el Ejecutivo, desde siempre, el gobierno, la administración pública y sus numerosos, pero muy numerosos aparatos, niveles y grados, sean municipales, estatales o federales han multiplicado su injerencia en la vida social, económica, empresarial, artística, informativa, jurídica, protagonizando con ello  de forma creciente –directa o indirecta- episodios gravísimos de corrupción en sus más variadas vertientes de índole criminal.

Se había dicho y ello fue repetido hasta la saciedad, aún en la actualidad que los delitos perpetrados financiados y activados por la narcopolitica difícilmente podrían ser perseguidos, raramente juzgados y nunca condenados, por ser ellos disculpados, perdonados, impunizados. Cuando los transgresores de la ley, los malandros, los delincuentes, los hampones, los tramposos actúan dentro del Estado, con su venia, con su auxilio, con su complicidad, haciendo valer su posición de poder o de su relación con el poder, aquella tercia de agobio se completa, se complementa con un pokar: Sí, pese a todo, si son perseguidos, investigados, juzgados y sentenciados, normalmente se les indulta o se piensa en indultarlos. Creándose con ello un severo clima de impunidad, ilegalidad e injusticia que favorece en mucho y además adensa la <delincuencia del poder>.

Como el problema cuenta con una enorme importancia de invocación jurídica, en lo personal me parece indispensable puntualizar que resulta muy notable que cuando un político en ejercicio o nó de sus funciones es acusado o imputado ante la justica (incluso cuando no lo es así) invoque con singular dramatismo telenovelezco la presunción de inocencia y se queje amargamente de su estado de indefensión no respetado. Es absurdo y sea ello dicho con máximo respeto, suponer que los jueces respetan con especial fervor aquella presunción invocada por la delincuencia. Aunque sólo sea por saberse observados por la opinión pública.

La invocación día a día de esa presunción de no responsabilidad efectuada por sirios y troyanos, incluyendo en ello a nuestro Primer Magistrado Andrés Manuel López Obrador constituye –como observaremos- su flagrante y flamante desconocimiento de la naturaleza jurídica y de los fines legales de ésta garantía procesal. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la proclama como un derecho intangible de cualquier persona imputada ante un Órgano Jurisdiccional dentro de un proceso penal determinado. Pero jamás para que sean eludidos juicios políticos de responsabilidades, nunca para impedir o evadir las responsabilidades políticas o excluir su exigencia hasta que los señores jueces de control se pronuncien. Es una gran perversión de la democracia, una grave irresponsabilidad política y una supina ignorancia en la interpretación jurídica de las normas de nuestra Suprema Ley.

Ahora bien: como en nuestros tribunales de justica las cuestiones de forma tienen evidente, aunque no justificado predominio, no es el deseo de quien esto escribe malograr este memorial ajustado por la omisión de supuestos datos. Por ello expresaré de forma alternada el espíritu de nuestra ley y la nueva tendencia de expresar en las conferencias mañaneras lo que políticamente le parece aceptable a Andrés Manuel López Obrador, y por y para ello tendré que precisar que todo sistema democrático se funda en la desconfianza ante el poder. Ni el señor Presidente Constitucional de México, ni sus asesores, ni sus designados como seniles colaboradores gozan –como debería ser- de presunción de irresponsabilidad, sino a CONTRARIO SENSU. Es ahí donde existe una apariencia o una muy fundada sospecha de abuso o desvío de poder en el ejercicio de responsabilidades soberanas, es preciso, en <sede política> no judicial, demostrar que las actuaciones del poder son impecables y aplicadas correcta y certeramente. Solo cuando un político es denunciado JUDICIALMENTE le asiste el sagrado derecho de exigir,  de argumentar, de hacer valer esa presunción de inocencia.

Expresar, manifestar o invocar lo contrario supone una falacia y una deformación política, interesada y consiente de la realidad para engañar al votante que es el pueblo en su conjunto. Utilizar la presunción de inocencia para invocar, solicitar, impedir la condena pública o la responsabilidad política es una formula carente de ética: y una forma indeseable de mantener una cultura de parásitos por encima de cualquier cultura ciudadana.

Hará mal la  justicia en mezclar su augustez en esas expresiones políticas, ya que no es la presunción de inocencia la que opera con mayor eficacia dentro de lo que podemos llamar la delincuencia de la narcopolítica, es la presunción de impunidad la que debe de operar.

 

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho

Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.