CDMEX.- A pesar de las presiones de grupos feministas que siguen lineamientos del lobby gay internacional y las declaraciones previas a favor de la actual Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, cuatro ministros de la Primera Sala votaron en contra del proyecto que obligaba al Congreso de Veracruz reformar su Código Penal en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este miércoles el proyecto que buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en materia de interrupción del embarazo.
Cuatro integrantes de la Primera Sala de la Corte rechazaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se planteaba que la actual legislación de Veracruz “es omisa, discriminatoria y violatoria a los derechos reproductivos de las mujeres”.
Sánchez Cordero habría dicho que al no aceptarse la procedencia de la propuesta para “interrumpir” el embarazo, se estaría “re-criminalizando” a las mujeres en su “derecho” a abortar.
Las oraciones se intensificaron desde temprana hora, con cadenas de oración seguidas por fieles en toda la república.
El proyecto proponía que el Congreso de Veracruz modificara los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluir la causal de riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción en casos de violación.
El asunto se turnará a otro ministro o ministra de la Corte, quien deberá elaborar un nuevo proyecto.
La discusión del proyecto
Al expresar su voto en contra, la ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que la interrupción del embarazo en Veracruz sí “está regulada”, por lo que dijo no compartir el concepto de “omisión legislativa” en el amparo interpuesto por organizaciones civiles, feministas y defensoras de derechos humanos.
“No existe un mandato que obligue a los legisladores a regular de forma específica. La Corte incurriría en activismo judicial que desbordaría sus facultades constitucionales (…) No me pronuncio en cuanto al fondo de la constitucionalidad de las normas; voy en contra del proyecto por el tratamiento que se le da”, expuso
En tanto que los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también rechazaron el proyecto, coincidiendo con las posturas de sus compañeras.
Luego de la votación, el ministro ponente, Alcántara Carrancá, lamentó que el proyecto fuera rechazado por las razones expuestas, pues, enfatizó, sí hay una obligación legislativa por parte de los congresos estatales –en este caso Veracruz– para reformar sus normas en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.
“(También hay) un interés legítimo para reclamar las omisiones legislativas. El objeto (de este reclamo) se enfoca en la protección y defensa de los derechos de las mujeres (…) Existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias o sean fuentes de violencia hacia las mujeres”, expresó.
Mientras la discusión se llevaba a cabo, los llamados grupos “pro-vida” protestaron frente a la Suprema Corte para exigir que el proyecto fuera desechado.
Tras la resolución, diversos medios de comunicación del país dieron cabida a voces de grupos feministas quienes habrían asegurado que la lucha seguiría pues lo de hoy sería sólo una batalla más, porque “no es resolución definitiva”.
Los grandes medios han omitido decir que van 3.4 millones de abortos oficialmente registrados en México, y que es la “industria del aborto” la que promueve dichas iniciativas para comercializar con la vida de seres humanos indefensos porque la ley, “se vende al mejor postor y nunca como antes habría estado prostituida”.
