México se colocó como el país con mayor número de asesinatos de periodistas, siete en los últimos seis meses y 11 en lo que va del actual gobierno, se dio a conocer al término de la 75 Asamblea General de la SIP celebrada en la ciudad de Miami, y donde se denunciaron nuevos métodos de hostigamiento hacia medios independientes por parte de gobiernos que, en el caso del PAN, se habrían manifestado “democráticamente abiertos”.
Se reiteró que el incremento de la violencia en México ha tocado a la prensa luego “de la ineficiencia gubernamental para el debido funcionamiento de un mecanismo de protección para los comunicadores”.
Durante el informe, rendido ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se destacó el mal funcionamiento del programa que opera el gobierno federal para proteger a los periodistas.
Aunado a ello, en entidades que se creía demostrarían un cambio sustancial a la mitad de sus gestiones, las presiones para el mejor desempeño se endureció en perjuicio final para la propia sociedad, y Aguascalientes ha sido un caso digno de referencia al privilegiarse a quienes atacan la vida, la unidad y el Estado de Derecho trastocando sus instituciones, y ejerciéndose mayor presión para aquellos medios alternativos que han demostrado un alto sentido de responsabilidad.
Bajo engaños los directivos de dichos medios han invertido gran parte de su patrimonio para mantenerse, ante el compromiso de que se pagarían los espacios convenidos desde la pasada elección –y aún de la anterior a esa- y hasta ahora se les regatea el pago de los espacios contratados, mientras para el resto hay recursos ilimitados.
“El pasado 26 de agosto la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó 104 recomendaciones al gobierno para mejorar el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas”, se lee.
Según el Informe “el Mecanismo adolece de medidas paliativas, falta de personal y presupuesto, carencia de recomendaciones a la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas, y permite un alto nivel de impunidad”, menciona el documento.
Se reveló que el 55% de los presuntos perpetradores eran funcionarios públicos, por lo que se hace imperativo prevenir, investigar y sanciona esos ataques”.
También, representantes y miembros de medios de comunicación expresaron su preocupación por la estigmatización que desde el gobierno se hace de las prensa ante una misión especial de la SIP, encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez.
