A 10 día de que FUTURO publicó el pronunciamiento de la legisladora Aida Karina Banda Iglesias acerca de que pediría “piso parejo” para los medios y justicia para los periodistas, con una revisión exhaustiva de los lineamientos que se aplican para erogar recursos públicos, (http://paxstudio.site/futuro/2019/08/17/4971/) este martes se dio el primer paso al formalizarse el plan de trabajo a seguir con la participación de representantes de dos de las principales organizaciones de profesionales de la comunicación del país.
Se pusieron sobre la mesa las nuevas formas de hostigar al sano periodismo desde las esferas del poder, también en Aguascalientes, más allá de los contratos de publicidad que puedan darse. Y en este contexto se recordó, después, lo publicado en nuestra edición 349 del 31 de enero de 2016 en un reportaje de 5 páginas con el título: “Ejecutivo y Legislativo asfixian a la prensa sana” y que vuelve a revivir con métodos más sutiles pero igualmente perversos.
Documentado con una serie de estudios y opiniones de informadores, se resaltó entonces, entre las cuales destaca la de Rafael “Güero” Juárez, quien señalaría, entre otras cosas: “Por eso vemos que México es uno de los países más violentos incluso a la muerte de los comunicadores. Pero muy lamentable también, es al atentado contra la inteligencia del periodista, coartar su libertad de expresión, es matarte en vida; eso debería también penalizarse al extremo. La muerte física, como la muerte intelectual del comunicador es igual de lamentable”.
Comunicadores pidieron hacer extensivo este pronunciamiento, y FUTURO se compromete a proporcionar su archivo de 100 ejemplares de dicha edición para los interesados.
Los representantes de las organizaciones Conferencia de Empresarios de Medios (Coneme) y Comunicadores por la Unidad, A.C., que representan más 500 dueños de medios y más de 2,500 en México y en el extranjero, respectivamente, argumentaron ante la Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso local que esas son algunas de las más evidentes violaciones a los derechos humanos de los informadores.
Aparte de conocer de parte del propio Congreso y del Gobierno del Estado, -además del ayuntamiento de la capital– los criterios utilizados para la compra de espacios publicitarios, será posible escuchar de viva voz de los responsables de las áreas de comunicación alguna otra razón que esgrimen para cancelar los acuerdos pactados con anterioridad, pues es del dominio público que entre los legisladores se acusa a los periodistas de “corruptos” y habrá que demostrarlo ante las autoridades competentes.
La también abogada solicitó de los representantes de ambas organizaciones representativas el mayor de los argumentos sólidos, a la vez que hizo hincapié en su compromiso de atenderlo como una alta prioridad, sin omitir el criterio de que primero debe estar el servir a la sociedad que paga sus impuestos, y los legisladores cuidar que los mismos se utilicen adecuadamente en atender su bien ser, bien estar “o el bien común”, y no para el pago de favores ni mucho menos para cuidar o privilegiar imagen o alguna proyección con tintes futuristas, porque de lo contrario “se estaría faltando a la ética”, “y tenemos que ser congruentes”, puntualizó.
