Sólo se necesita voluntad política para rescindir el contrato de la concesionaria Caasa/Veolia, pues además por intereses económicos se le permite actuar en perjuicio de los usuarios, enfatizó Sergio Delfino López Vargas, en su primera declaración como presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam).
En declaraciones a FUTURO el presidente nacional de los abogados argumentó que hay causas de recesión del contrato, y basta simplemente con revisar la operación del servicio y la atención que reciben los ciudadanos, donde se observan las ganancias millonarias por encima del interés social.
Se enriquece –Caasa/Veolia- a costa del municipio en perjuicio de la ciudadanía, detalló.
Al preguntársele acerca de la creciente informidad de los aguascalentenses, y tras observar el artículo en la página de esta editorial donde se documentan mayores abusos, el dirigente nacional de los abogados definió que sin duda dicha empresa que simplemente cambió de nombre, “no tiene sentimientos” como el municipio, por intereses políticos, sabedores de que es una responsabilidad del ayuntamiento capital la prestación del mismo.
Y es que no son sólo los constantes y mayores abusos en los cobros, en el incumplimiento de los ajustes en los recibos cuando han procedido, sino en que es constante la falta del vital líquido en muchas colonias de la ciudad, lo cual es del dominio público, por lo que “el agua es cara y escasa”.
Puso en claro que no hay necesidad de esperar los años que se dice termina el contrato, porque las causales existen y son –causas- suficientes para revocarlo.
Lo que es prioritario es comenzar con una constante revisión del servicio en todos los ámbitos para ser evaluado, pues por algún error del usuario el recibo se les incrementa, o muchas de las veces también por omisión de la misma concesionaria al hacer estimaciones sin tomarse la lectura y que evidentemente resultan elevadas.
Sergio Delfino Vargas puntualizó que hay otras alternativas a seguir por la ciudadanía ante la omisión de la empresa concesionaria, entre las cuales se encuentra demandas masivas ante el Tribunal de lo contencioso, y que haya unidad de organismos de la sociedad civil para presionar a las autoridades legislativas y del propio Cabildo para que procedan a una revisión integral, con la certeza de que encontrarán los elementos necesarios para, ahora sí, echarla fuera de Aguascalientes y no como la vez anterior que sólo fue un acto político.
