Buscan en Aguascalientes, México proteger la libertad de expresión

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Periodistas y defensores de los derechos humanos se han configurado como uno de los sectores de la sociedad claramente más vulnerables a la aceleración del ciclo de violencia e inseguridad, lo cual ha tenido un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades, denunció desde la tribuna parlamentaria en #Aguascalientes, México, la legisladora Aida Karina Banda Iglesias.

Habría dicho que “México atraviesa por un momento particularmente crítico”, y que la violencia plantea “serios retos para las autoridades en la implementación de políticas y leyes de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

Integrante del grupo del PES, PVEM y Nueva Alianza, la también abogada patentizó que “es de vital importancia” la creación de instancias y mecanismos “que tengan la misión de proteger de manera especial e integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones por motivo de su labor”.

Apenas en el reciente número 380 de las ediciones digital e impresa de FUTURO, se dan los pormenores de cómo en los últimos años se ha querido acallar a la prensa independiente, mencionándose a figuras públicas de los gobiernos estatal y municipal, entre ellos al actual jefe de Gabinete y suplente de Martín Orozco Sandoval en el Senado, José de Jesús Santana García, pero sobre todo la complicidad de las últimas administraciones que han llevado a la entidad a tener un entorno adverso, y que puede consultarse en: www.revistafuturoags.mx

Banda Iglesias precisó que dicha iniciativa tiene como objetivo la implementación de medidas de prevención y “medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo” en dicha entidad.

Subrayó que las instancias nacionales y estatales de derechos humanos sólo pueden hacer recomendaciones y dar seguimiento a casos particulares, -cuando así excepcionalmente lo han hecho-, “pero no tienen un carácter vinculatorio, además de que no pueden salvaguardar la integridad de las personas de manera real”.

Destacó que se requiere “un entorno propicio para los defensores de derechos y periodistas, pero ante el contexto particular de nuestro país, donde además se censura, la impunidad, la corrupción de políticos, los periodistas y defensores de derechos humanos, tienen que lidiar con la brutal violencia de grupos del crimen organizado”, por lo que entre los objetivos específicos del proyecto de ley deben, entre otras cosas:

“Establecer la cooperación entre la Federación, las del estado de Aguascalientes y sus municipios para implementar y operar las medidas de prevención y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

“Incluir la participación de organizaciones que velan por la seguridad de los periodistas tanto a nivel nacional como el internacional en el mecanismo”

“Evaluar y presentar públicamente informes anuales sobre la situación que guarda el estado de Aguascalientes en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con datos desagregados y con perspectiva de género”.

Asimismo, “garantizar que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, y adicionalmente “prevenir cualquier tipo de hechos o actos que pongan en riesgo el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, y, finalmente:

“Proteger con medidas específicas para garantizar la integridad física y mental, libertad y el derecho al ejercicio de su actividad a aquellas personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como sus familias”.

El alcance de protección de esta iniciativa incluye a sus familiares, a las personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social e incluso a los bienes de la persona, organización, grupo o movimiento social, que podría incluir finalmente el cumplimiento de pago a los medios independientes que durante las campañas o en pleno ejercicio de gobierno, se han negado a hacerlo, ocasionándole a los mismos el mayor daño patrimonial y el peor golpe a la libertad de expresión, motivado por la difusión de alguna noticia que vincula a los protagonistas en alguna acción ilícita.

Tanto el Congreso de la Unión como la Presidencia de la República ya han “tomado nota” de lo que sucede en dicha entidad sobre la libertad de expresión, que ha sido condicionada a que se hable bien de las autoridades en turno o hacia determinado grupo, generalmente del Partido Acción Nacional (PAN).