El análisis que se realizó a la Encuesta Nacional de Población Privada de La Libertad (ENPOL) que INEGI levantó durante 2016, revela que en Aguascalientes queda mucho por hacer en materia de impartición de justicia, y sobre todo que la sobrepoblación demuestra un claro desinterés de las autoridades por atender el problema de raíz, al atenderse –parcialmente- los efectos y no las causas, según abogados de las principales agrupaciones de la entidad.
Se concluyó que de ninguna manera la compra de armamento y equipo son un reflejo de mejoría; todo lo contrario, es la evidencia de que la sociedad va en decadencia. Las buenas noticias serían que ya no se requieren más cárceles, ya no más patrullas ni policías, pero la realidad es otra, exponen profesionistas del Consejo Coordinador de Abogados que preside Sergio Delfino Vargas.
La mayor parte de los resultados no son ajenos para ellos, pues desde años atrás los han tenido presentes.
Para la encuesta del INEGI se tomó en cuenta a mil 214 presos; de ellos, mil 119 son hombres y 95 mujeres. 496 en proceso y 715 sentenciados. De ellos, 790 admitieron haber cometido un delito, ayudar o estar implicados en la realización de uno, mientras que 759 no lo reconocen y solo señalan haber sido acusados y luego detenidos sin las pruebas contundentes.
Esta radiografía de las cárceles de Aguascalientes que llevó a cabo el INEGI, reporta que son jóvenes de entre 25 y 29 años de edad, con educación básica, con pareja, con hijos y, sobre todo, hijos menores de edad, y con sentencias que van de uno a cinco años.
Llama la atención que sólo el 14.9 por ciento, 1.5 de cada 10, se detuvo con orden de aprehensión; que el 81.6 por ciento de los detenidos fue presionado y violentado durante el interrogatorio por parte de las autoridades policiacas, hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público o a un juez en materia penal, con permanente violación a sus derechos humanos por incomunicación y aislamiento, seguida de la amenaza con levantarle cargos falsos, el desnudo, el ser atado, vendado o cubierto la cabeza, la asfixia, las presiones para denunciar a alguien más, las amenazas con dañar a su familia y hasta haber concretado dicha amenaza.
Mención aparte están las agresiones cometidas por policías o autoridades ministeriales, y que llaman “patadas y puñetazos”, las lesiones por aplastamiento, golpes con objetos, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual, lesiones con arma blanca y con arma de fuego, ello gracias a que tuvieron entre 6 y 24 horas para hacerlo, previa presentación ante un Ministerio Público o juez penal.
En el 72 por ciento de los casos no estuvo presente el abogado del presunto responsable, mientras el 76 por ciento mostró su desacuerdo con la declaración que lo obligaron a firmar, mientras que al 78 por ciento le negaron leer la declaración que supuestamente dio, mientras que el 53 por ciento tampoco contó con asesoría legal previa.
El juez estuvo presente en el 38 por ciento de los casos, siempre estuvo presente en el 59.3 por ciento de los casos no lo hizo; de ellos, en el 13.3 por ciento la mayoría de las veces, el 27.1 por ciento pocas veces y el 18.9 por ciento nunca.
Los delitos: homicidio, posesión ilegal de droga, violación sexual, comercio ilegal de droga, robo de vehículos, robo a casas-habitación, lesiones, secuestro y secuestro express, extorsión, robo a transeúantes y robo de autopartes, en orden de importancia enlistada por el INEGI.
Es la Policía Ministerial la que más detenciones realizó al conducir a las rejas al 45.8 por ciento, seguidos de la policía municipal con el 26.7 por ciento, la estatal con el 11.7 por ciento, federales con el 7.5 por ciento y Ejército, con el 3.4 por ciento. Se encontró que 54 habían sido policías con un promedio de ocho años de servicio, y 23 estaban en el Ejército o la Marina, con 3 años de servicio, en promedio.
Tanto la CNDH como la CEDH, han guardado silencio sobre estas revelaciones, y sólo se han concentrado en “defender” a las normalistas y grupos que han causado zozobra entre la sociedad aguascalentense, mientras las autoridades gubernamentales anuncian que se harán compra de patrullas y más armamento, con programas que no corresponden a la dimensión de la problemática, dejándose a la deriva el núcleo familiar, incluso con negativas para promover desde todos los ámbitos los valores universales, dándole prioridad, en alguna proporción, a los efectos, y nunca a las causas como ha quedado evidenciado.
Abogados confirman que los Centros de Integración Familiar y los llamados “anexos” están saturados por el creciente consumo de droga en niños y adolescentes, y no se ha visto que legisladores, alcaldes o el propio Gobernador visiten los mismos y convivan con sus familias para tener una visión más amplia de la situación, mucho menos acercarse a las personas cercanas de quienes han perdido un ser querido en condiciones lamentables.
