Los diputados locales y federales –que incluye también a Senadores- están en su peor nivel de calificación por parte de la ciudadanía, a tal grado que en diferentes entidades del país la sociedad se manifiesta para exigir un “basta ya”, como lo hicieran directivos y representantes de diversos medios de comunicación para ponerle freno al clima de violencia en contra del periodismo nacional.
El Barómetro Global de Corrupción (BGC) reveló que 83% de los mexicanos considera al Poder Legislativo de México como una institución corrupta, según detalla un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la propia Cámara de Diputados, donde se destaca que los partidos políticos y la policía encabezan las instancias más corruptas, con 91% y 90%, respectivamente.
Se indica que más de la mitad de los encuestados dijo haber pagado un soborno en el Poder Judicial, y un 61% entregó dinero a la policía.
Lo anterior se suma al Informe Legislativo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que señala que el caso del Congreso local de Aguascalientes, es cotoso, improductivo y de los más opacos del país, con un menor número de sesiones y un costo de 6.4
millones del erario público por cada uno de sus 27 “representantes populares”.
Tampoco respondió el 40% de las solicitudes de transparencia del IMCO, y se califica como el sexto Congreso menos transparente.
Tiene un presupuesto de 173.52 millones de pesos; el 46% del presupuesto se destina a los gastos personales de los diputados; el 37% a “gestión social”, 12% a servicios generales y el resto a “otros rubros”.
El IMCO subraya “en un contexto de opacidad y discrecionalidad, la corrup- ción impide el funcionamiento efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los gobernadores”.
