“CAASA se va, pero antes que pague”: Alaniz

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La concesionaria de agua ha dejado muchas inconformidades en el ánimo de los usuarios, pues además de la falta de agua, tandeos del servicio, cobros excesivos, acumula unas 500 demandas por sus malos servicios; además, los tribunales han fallado en su contra y pronto deberá retribuir los casi 80 millones de multa que le impusieron precisamente por incumplimiento.
Tras manifestar lo anterior, el legislador Guillermo Alaniz puso en claro: la concesionaria se va, pero antes tiene que cumplir con la reintegración de esa suma al municipio.
Entrevistado en sus oficinas de Palacio Legislativo, el coordinador parlamentario del blanquiazul y Encuentro Social, detalló que de ese número de querellas, la autoridad judicial ha emitido 240 resoluciones a favor del demandante –el municipio a través de Ccapama-, por 30 millones de pesos, de las que Caasa ha impugnado 60 de ellas ante la Sala Administrativa del Poder Judicial y está a la espera de los fallos correspondientes.
Al hacer un balance del panorama actual que define la relación legal entre el Municipio y la empresa concesionaria, Alaníz de León se refirió también a esos pelitos legales, deficiencias en el servicio, problemas de abastecimiento y tratamiento del vital líquido, además de la propia problemática en todo lo relativo a la operación y cobranza.
“El marco no es halagüeño, es complejo y conflictivo. Si la concesión debe acabar, la empresa debe poner sus marcadores en ceros, cerras adeudos con Aguascalientes y prever una salida que garantice el abasto y la calidad de los servicios y la misma agua”, puntualizó.
Más aún aseveró: “Ciertamente, Aguascalientes como ciudad grande, le corresponden grandes problemas, y a ellos grandes soluciones”.
Tras explicar los sucesos técnicos y legales a partir de 1993 cuando en la administración de Fernando Gómez Esparza se cedieron los derechos de tal prestación, con un Título d Concesión que, para efectos prácticos y legales era estrictamente un contrato entre la concesionaria y la Presidencia Municipal de Aguascalientes, el diputado Juan Guillermo enfatizó que tal documento desde entonces “ataba de manos al Municipio”, y no dudó en calificarlo de ventajoso.
Es por ello que para 1996 se procedió a la intervención con Alfredo Reyes al frente.
Con todo lo anterior, una de las cláusulas del Título señala que cinco años antes de que venza el plazo de vigencia, se iniciarían las negociaciones para evaluar la experiencia del servicio bajo esta modalidad, y las posibilidades de su renovación, modificación, cambio del modelo de concesión, el cambio de la empresa o el regreso del servicio al organismo operador del Municipio.
“Pues bien, ese plazo de veinticinco años para la revisión de la concesión se cumplirá el próximo año”, puntualizó.